El derrocamiento del presidente Arturo Illia: el fracaso de una experiencia de transición a la democracia

por Dr. Miguel Ángel Taroncher. Departamento de Historia, CEHIS-CELEHIS Facultad de Humanidades, UNMdP.

El 28 de Junio de 1966, con la destitución de todas las autoridades electas de la República se consumaba el cuarto golpe de estado cívico militar del siglo XX. El movimiento militar que derrocó al gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo, presidido por Arturo Umberto Illia y el vicepresidente Carlos Perette, habían asumido, el 12 de Octubre de 1963, puso fin a un proceso de transición hacia la democracia que se abrió en las intrincadas jornadas electorales del 7 de Julio de 1963. Las elecciones nacionales, fueron convocadas por el gobierno cívico-militar de José María Guido, con el objetivo de restaurar el orden constitucional alterado por el golpe de estado de marzo de 1962 que culminó con el derrocamiento de Arturo Frondizi. En esas elecciones fue proscripto el peronismo integrado, junto con la UCRI y otros partidos menores, en el “Frente Nacional y Popular”. Sin embargo, en algunas provincias, Neuquén, Chaco y Salta, mediante el “neoperismo”, una variante política surgida al calor de la proscripción de Perón, resultaron electos como gobernadores dirigentes peronistas de reconocida trayectoria: Sapag, Bittel y Durand.
El nuevo gobierno, decidido a emancipar al poder civil de la tutela militar ejercida hasta el momento sobre los presidentes Frondizi y Guido, implementó una política de expansión democrática, iniciada tempranamente con la revocación de un ya permanente Estado de Sitio. La presencia del estado en la economíaindicaron un importante cambio en las políticas liberales aplicadas desde el derrocamiento de Perón. El levantamiento de la proscripción al justicialimo, organizado como partido político en la Unión Popular, se manifestó en su triunfo en las elecciones de renovación de la Cámara de Diputados en 1965.
Gobierno y oposición
La gestión de las relaciones exteriores con distancias de la hegemonía norteamericana, y un enfoque continental, la reglamentación de la ley de Asociaciones Profesionales que vulneraba la hegemonía de la burocracia sindical vandorista, la redistribución del ingreso vía impuestos, el desendeudamiento en el sector externo, a política interna y social, fueron los principales puntos de críticas al Ejecutivo radical, enunciadas por un heterogéneo conglomerado de factores de poder y grupos de presión que denominamos como la “coalición azul”. Este bloque amalgamaba diversos sectores; sindicalistas neoperonistas, empresarios del mundo de los grandes negocios, periodistas, los militares azules del Estado Mayor que habían apostado al triunfo del general Aramburu en las elecciones de 1963, católicos preconciliares, desarrollistas autoritarios , tecnócratas, liberales y conservadores sin partido político junto a los cultores del anticomunismo, la jerarquía, el orden autoritario y la eficiencia productiva.
Estas coalición sus intereses y la trama argumental que los legitimaban obtuvo una importante repercusión de sus posiciones en la prensa diaria y semanal. Bernardo Neustadt primero desde la revista “Todo” y luego desde “Extra”; Mariano Grondona dese “Primera Plana” y Mariano Montemayor desde “Confirmado”, ambas revistas fundadas por Jacobo Timerman cuestionaban, con una crítica despiadada y la alteración informativa, al gobierno su intervención en la economía y en las relaciones sociales imponiendo, medidas dirigistas que eran ruinosas para la Nación. Sus principales objeto de críticas eran la anulación de los contratos petroleros; las leyes de salario mínimo, vital y móvil; de abastecimiento, de medicamentos; la comercialización de la cosecha en forma directa con la República Popular China (con la cual no existían relaciones diplomáticas,en detrimento de los consorcios cerealeros y el establecimiento de precios sostén para el trigo; el aumento de la presión impositiva; la reglamentación del mercado cambiario (con la obligación de liquidar en 48 horas el saldo de las exportaciones) y las importaciones junto con la resistencia a implementar un plan de ajuste y estabilidad económico y la aplicación del Plan CONINTES para reprimir las movilizaciones sociales y políticas. El presidente decidido a restaurar la supremacía del poder civil implementó un criterio diferencial en la toma de decisiones en política externa e interna. la decisión de no enviar las tropas a Santo Domingo invadida por los Estados Unidos y en el conflicto fronterizo con Chile en Laguna del Desierto al margen de las sugerencias del Ejército a lo que se sumó la negativa de reprimir una genérica “infiltración comunista”, denunciada constantemente por sectores autoritarios y el ejército, que abarcaba desde los centros de estudiantes hasta las actividades artísticas y culturales. El intento de retorno del general Perón, en Noviembre de 1964, desató sobre el gobierno argentino poderosas presiones nacionales e internacionales. Un golpe de estado fue desactivado al truncarse el tan ansiado retorno; un pedido expreso de la Cancillería al gobierno militar de Brasil le impidió al dirigente justicialista, detenido por varias horas en el aeropuerto carioca de “El Galeao”, proseguir el viaje hacia Buenos Aires.
El fin de un ciclo
La “Coalición Azul” motorizó el golpe que se desencadenó la tarde del 27 de junio con la detención del general legalista Armando Caro. Al amanecer del 28 de Junio el presidente y sus ministros fueron expulsados por los efectivos de la guardia de infantería de la Policía Federal, portando plstolas lanzagases. La Junta Militar, integrada por los comandantes de las tres fuerzas armadas, el general Pascual Pistarini, el almirante Benigno Varela y el comodoro Teodoro Álvarez, asumió provisoriamente el gobierno nacional. Se disolvió luego de designar al general Juan Carlos Onganía, como presidente de facto, al que se le confirió la suma del poder público, práctica prohibida expresamente por la Constitución Nacional, la que, a su vez, era subrogada al Estatuto de la “Revolución Argentina”. En este nuevo esquema no se fijó un plazo para la duración de su mandato. Respecto del futuro institucional, la opinión pública fue informada de que habría, sucesivamente, un tiempo económico, otro social y, por último, uno político, y que se necesitarían, por lo menos, veinte años para que la “Revolución” cumpliese con sus objetivos. Así, con un considerable consenso social, con un tiempo indefinido para transformar las estructuras económicas y políticas, la llegada de la “Revolución Argentina” fue vivida como el inicio de una ilusión, una utopía que parecía, al fin, volverse realidad. Los desengaños no tardarían en llegar para transformar, en sólo cuatro años, esas triunfales vísperas con sabor a gloria en un amargo "Tiempo de Tragedia".