A tres años del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, su proyección política tanto en el ámbito nacional como internacional permanece vigente en cuanto a la impronta de las bases programáticas establecidas en 1918, que pueden resumirse en:
Autonomía Universitaria: que se refiere a la capacidad de cada institución universitaria para dictar su propio estatuto y sus reglamentos, diseñar, aprobar y organizar carreras, disponer y administrar sus bienes y rentas y, organizar sus servicios, lo que aseguraría cierto grado de independencia ante las presiones ejercidas por la sociedad civil y los grupos de poder.
Ingreso irrestrictoque garantiza el derecho a la educación superior y permite, a todo ciudadano que así lo desea, acceder a un título universitario, restringiendo el examen de ingreso eliminatorio.
El acceso de los docentes a sus cargos por Concurso Público de Antecedentes y Oposición, por un período establecido generando la periodicidad que permitiría la renovación del profesorado, única forma de evitar su burocratización y generar un movimiento permanente de actualización y formación, creando de tal modo condiciones más propicias para mejorar y elevar los patrones académicos.
Reconocimiento de los Centros de Estudiantes elegidos democráticamente y las Federaciones que los agrupan, permitiendoasí la participación directa de los mismos en la vida académica.
Libertad de Cátedra y Cátedras Paralelas, para elegir desde qué paradigma enseñar y aprender.
La Investigación como una función prioritaria de la Universidad a fin de generar y difundir el conocimiento
Extensión Universitaria como una forma de vinculación y compromiso con la realidad social en la cual se sostiene la Universidad.
ElCogobierno de la institución, constituido por todos los claustros (estudiantes, docentes y graduados). Tiende primordialmente a asegurar la participación activa de los estudiantes en la enseñanza y su específica representación -con voz y voto en los órganos de gobierno. La participación de los tres claustros o estamentos es una conquista de la reforma que promueve el diálogo entre los distintos actores, el debate de ideas, el consenso reemplazando el autoritarismo por la Democratización de la vida académica.
También debe integrarse a las discusiones acerca del funcionamiento de la Universidad las distintas formas de implementar el acceso a los cargos docentes y el actual sistema de Carrera Docente a fin de no cristalizar las plantas docentes impidiendo la renovación de las mismas pero a su vez resolviendo la tensión que genera un régimen laboral de inestabilidad permanente.
En el actual contexto del sistema universitario argentino, que cuenta con cincuenta y dos Universidades de gestión pública y una cifra cercana a los dos millones de estudiantes se puede afirmar que las bases programáticas de la Reforma se han llevado adelante por primera vez y en forma sistemática durante más de treinta años a partir de 1983 y que merecen ser revisados a la vista de las aceleradas transformaciones que se han introducido en el sistema universitario en los últimos años donde la masividad y el afán de mantener la calidad y la pertinencia de las carreras universitarias hacen necesario hablar de una “Segunda Reforma”.
Algunas de las tensiones existentes en torno a estos temas tienen vinculación con dar por sentados algunas cuestiones que la Reforma dejo como inamovibles tales como la gratuidad, la participación estudiantil en el cogobierno, la necesidad de fortalecer la investigación y la extensión y principalmente la autonomía.
La autonomía universitaria no se la conceden las universidades a si mismas tal como manifestara RisieriFrondizi en la década de 1970, al describir de qué forma los gobiernos de América Latina asignaban o restringían los recursos a sus sistemas universitarios, situación que no eximía a las mismas de rendir cuentas estrictamente acerca del uso de los mismos, por lo que debían detallar minuciosamente acerca de la pertinencia de sus investigaciones, la calidad de su cuerpo docente y la real dimensión de la extensión en cuanto a abarcar e incluir a todos los sectores de la sociedad.
También resulta primordial sostener lo declarado por las Conferencias de la UNESCO en 2008 y 1998 ratificando que la Educación Superior es un bien público y no un bien “transable” o comercializable como una de las bases de sustento de la gratuidad del sistema universitario en nuestro país. En este contexto es también necesario destacar que nuestro país es uno de los pocos en América Latina y el mundo en el cual el sistema de gestión pública de las Universidades tiene un mayor número de alumnos y docentes por encima del sistema de gestión privada.
La dimensión del Cogobierno también debe ser repensada y estructurada de acuerdo no solo con la incorporación de todos los trabajadores de la Universidad a los órganos de gobierno, sino también con la participación en instancias apropiadas para que los organismos estatales y las asociaciones intermedias vinculadas a la Universidad puedan opinar y debatir acerca del rol de la misma en la región, como debe ocurrir por ejemplo con los Municipios, las sociedades de fomento, gremios, cámaras empresariales o representantes legislativos.De esta forma se posibilitará corroborar la afirmación respecto a que la enseñanza superior y la investigación científica son la condición necesaria y previa al desarrollo económico y social, y no su consecuencia.
Falta mucho camino por recorrer en estos temas y otros como la atención que se debe brindar a la articulación con el resto del sistema educativo, la retención de la matricula estudiantil y su consecuente mejora en las tasas de graduación, pero serán consideraciones que como las anteriores se resolverán dentro del marco democrático realzando otra vez la afirmación que “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”.

Lic. Daniel Reynoso
Docente/Investigador
Facultad de Humanidades