“Sorda a toda razón, la intolerancia no es solamente el vil instrumento del enemigo, sino que ella es el enemigo mismo” Elie Wiesel.*

En este nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 creemos necesario realizar un balance respecto a las implicancias que el mismo ha dejado en nuestra sociedad en referencia a la Historia y la Memoria.

Los conceptos de Historia y Memoria se entrecruzan permanentemente. Mientras que la Memoria es eminentemente subjetiva y anclada a los hechos que hemos vivido, que hemos sido actores o testigos y las impresiones que estos hechos han dejado en nosotros, la Historia se nutre de la Memoria pero tiene la obligación de emanciparse de ella para poder ubicarla en contexto social mucho más amplio para poder acercarla a la verdad.  En función de estos conceptos existe una dialéctica permanente del pasado y el presente que hoy, a treinta y siete años del golpe de Estado de 1976, se reactualiza en diversos terrenos y pone en evidencia que el pasado no solo no permanece inalterado, sino que permanentemente es interpelado a través de la Memoria y es lo que nos lleva a considerar que todavía no existe una Historia definitiva sobre la Dictadura Militar y los procesos económicos, sociales y políticos que hicieron posible su aparición.

Con la reconstrucción de la democracia en 1983, las responsabilidades de la Memoria y las demandas de Justicia se encontraban y se entrelazaban, por así decirlo, con las tareas de la reconstrucción del Estado y la construcción de un nuevo pacto con la sociedad. En esos primeros años de la denominada transición democrática y sobre todo en la recuperación del Estado de Derecho, hubo un núcleo propiamente formador de la experiencia y la conciencia social de ese pasado: En primer lugar la toma de conciencia respecto que el ciclo de gobiernos civiles e interrupciones de los mismos por golpes militares debía llegar a su fin y que los responsables de los mismos y de las aberraciones cometidas a través del Terrorismo de Estado debían ser juzgados y condenados, sin ningún tipo de contemplación.

En este sentido, la conformación de la Comisión Nacional de Personas (Conadep) en 1983, su informe final,  El Nunca Más en 1984 y las repercusiones del Juicio a las Juntas Militares en 1985 conformaron en esa primera  etapa una serie de hechos fundantes de la consolidación de la Democracia en la Argentina. Desde esta perspectiva, no es posible desconocer el impacto de lo que la sociedad y las instituciones recuperadas para la democracia produjeron en la conciencia social al revelar esos crímenes, y al realizar el rescate ético de las víctimas. Y es claro que la acción y la autoridad de la ley (El juzgamiento efectivo o eventual de los responsables) constituyó el sostén mayor de una operación claramente rectificatoria sobre el pasado inmediato de autoritarismo e intolerancia en nuestro país. Con la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte de la Corte Suprema de Justicia en el año 2005 y el reinicio de los enjuiciamientos a todos los niveles de responsabilidad en la represión se ha dado paso finalmente al cumplimiento de esta reivindicación de nuestra sociedad.

Memoria, verdad y justicia son términos que en la Argentina integraron desde comienzos de la década del ochenta una serie establecida y repetida permanentemente en los reclamos no sólo de los organismos de Derechos Humanos, sino que se trasladaron al conjunto de toda la población. Sin embargo, estos conceptos exponen una agenda de los problemas abiertos en torno a las interpretaciones de nuestro pasado reciente y a la vez, se proponen como una constelación de valores y esperanzas en la reparación de las heridas del pasado sino también en aquellas que se reactivan en el presente especialmente en lo vinculado a la cuestión social. Desde el retorno de la Democracia en nuestro país la mayoría de la población ha elegido claramente y de diversas formas recordar. Los variados proyectos de olvido y amnistía fracasaron y terminaron cediendo frente a la voluntad de rememorar y no olvidar una experiencia focalizada en el Terrorismo de Estado.

En este sentido, es necesario comenzar a consolidar una Historia en la cual ya no se trate sólo de considerar el núcleo duro de la asociación entre terrorismo y criminalización por parte del Estado como ente autónomo responsable de la experiencia de violaciones de Derechos Humanos en gran  escala en la Argentina, sino que también se considere que la sociedad misma en sus organizaciones, sus grupos y sus tradiciones debe ser interpelada consecuentemente en su relación con la intolerancia y el autoritarismo, para de esta forma asegurar que la Historia consolide lo que hoy la Memoria asume como parte de una etapa o un período nefasto que ha sido exitosamente  superado.

*Escritor húngaro sobreviviente de los campos de concentración nazis.

Daniel Reynoso
Depto. Historia
Facultad de Humanidades
UNMdP