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Jueves, 16 de Mayo de 2024 |
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Era junio de 1918 en la Universidad de Córdoba y los jóvenes se encargarían de llevar adelante un movimiento reformista que se iniciaría allí y repercutiría académica y políticamente a nivel nacional y continental. La revolución que implicó la reforma universitaria tuvo su origen en la universidad más antigua del país creada en 1622 por los jesuitas y desde 1767 a cargo de los franciscanos, bajo su administración la Universidad paso a denominarse Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat y se le concedieron los privilegios de las universidades mayores existentes tanto en la metrópoli como en América. Entre 1808 y 1820 la universidad se asocia a la figura del Deán Gregorio Funes quien entre otras reformas, incorporó nuevas materias. Durante la gobernación del Gral Bustos, pasó a la orbita provincial permaneciendo así hasta su nacionalización en 1856. Las reformas fueron importantes a partir de allí y comprendieron cambios en los planes de estudios; supresión de los estudios teológicos y la creación de las facultades de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la de Medicina.
La llamada Ley Avellaneda de 1886 propició la dependencia de la Universidad con respecto al poder político, especialmente en términos económicos, pero también condicionaba la aprobación de sus planes de estudio. Sin embargo, no hacía mención a las funciones que debía tener la Universidad, y esto es clave, son tiempos de cambios significativos en nuestro país y parecía que los estudios superiores vivían ajenos a ello. Tanto Córdoba como Buenos Aires, las dos universidades al momento de la Ley Avellaneda, formaban profesionales, específicamente abogados, médicos e ingenieros; y esto ponía en cuestión la misión misma de una casa de estudios; eran entonces, centros de formación específica y cumplían un rol esencial en la socialización de las élites políticas (Buchbinder,1999).
Cuando el 15 de junio de 1918 los estudiantes tomaron la Casa de Trejo para protestar contra el nombramiento como rector de Antonio Nores Martínez, representante de los sectores conservadores apoyado por el clero, era la culminación de las protestas que habían llevado a cabo desde varios meses atrás cuestionando desde las condiciones de asistencia hasta el régimen docente, pasando por la supresión del internado de Medicina. A las protestas siguió el pedido de intervención que se concretó con la designación de José Nicolás Matienzo, sin embargo los conflictos continuaron hasta que las demandas estudiantes se fueron concretando junto a la expansión hacia La Plata y Buenos Aires. El movimiento reformista de 1918 presentó así como principal eje a la democratización del gobierno de las universidades a través del cogobierno; los concursos para acceder a las cátedras; las reformas de los planes de estudio; la investigación científica y la función social desde la extensión.
Resulta fundamental en este tiempo el Manifiesto Liminar, documento donde los estudiantes daban cuenta de las características de la universidad y procedían a presentar a los docentes y autoridades desde un lugar de alejamiento olímpico, mediocridad y tiranía. Sin embargo, vale recordar también como esperaban que fueran sus docentes: aquellos que generaran una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, verdaderos constructores de almas, creadores de verdad… Tomando en cuenta aquellos principios reformistas vale aún hoy preguntarse sobre las funciones que la universidad debe cumplir ante la sociedad, porque todavía los dolores que quedan son las libertades que faltan.
Mag. Alfonsina Guardia
Facultad de Derecho
Facultad de Humanidades
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