La derogación de la Ley de Patronato del Estado, revierte casi un siglo de intervención estatal en la que se judicializaba la pobreza y en que los chicos/as no eran comprendidos como sujeto de derechos. Este cambio de enfoque jurídico, del Patronato al de la Protección Integral de los Derechos de los Niños/as obliga a cambios en el diseño de la organización administrativa y judicial del Estado, en las relaciones de éste con los chicos y con la sociedad civil, implicando un importante reacomodamiento de todos los actores que se desempeñan en el campo de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia.
El enfoque jurídico Tutelar, coexistió y confronto en determinados momentos históricos y políticos, con el Estado de Bienestar, ya que propugnaba una sociedad donde, la centralidad del trabajo y el pleno empleo promovía la estructuración de fuertes identidades societales, en el plano individual como colectivo, fuertemente se sostenía y retroalimenta en un modelo económico y social, de tipo subsidiario. Como bien afirma Torrado S (2004)2 “…desde 1976, se asiste también en nuestro país al desmantelamiento del Estado de Bienestar y a su reemplazo por el Estado de Subsidiariedad, concepción inherente a las estrategias aperturistas y de ajuste ahora dominantes. La subsidiariedad connota una visión residual de las políticas públicas: al Estado sólo le corresponde actuar allí donde el mercado no llega o donde no hay mercado…”. A partir de la post convertibilidad, (2003 - 2008)3 se produce un quiebre en el modelo económico de acumulación. Se inicia una serie de cambios estructurales, a nivel político y económico, que favorece procesos macroeconómicos que generan las condiciones para el corrimiento del eje de discusión establecido en la agenda pública: de la política social de carácter reparador de la pobreza a la discusión de la redistribución de la renta.
La Asignación Universal por hijo/a, a partir del Decreto Nº 1602/09 se enmarca dentro de las políticas públicas de distribución de la renta. Constituye una política social universal de carácter inclusivo siendo la medida más importante en materia de seguridad social de los últimos tiempos Esta iniciativa política integrara, progresivamente, al sistema de seguridad social cinco millones de niños, niñas y adolescentes, completando así el universo de chicos/as que ya percibían asignación familiar en virtud de que sus padres son trabajadores asalariados. Trata de brindar una respuesta urgente para los grupos más vulnerables que hasta el decreto no recibían asignación alguna con el objeto de disminuir la brecha entre los sectores más ricos y más pobres. Se trata de hacer justicia social mediante una política pública que asigne una suma en dinero en efectivo sin tomar en cuenta si sus padres hoy reciben o no salario familiar, posibilitando contemplar las distintas realidades de las familias de nuestro país y establece un mecanismo razonable para atender a cada una de ellas. A su vez, se suma a las diferentes iniciativas en pos de la implementación efectiva de lo que se propone y declama desde el enfoque de la Protección Integral de los Derechos del Niño/a y de los adolescentes.
Académicamente, podemos poner esta medida política en debate con las diferentes denominaciones (basic income, asignación universal, ingreso ciudadano) con que, a través de diversos autores como A Gorz, P Rossenvallon, R Castells, se intentó plantear el pasaje de una sociedad de la indemnización a una sociedad de inserción. Este tipo de medidas consiste en dar a cada individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, sin condición de empleo o ingreso ni contrapartida, un ingreso básico que permite cubrir las necesidades esenciales, y cuyas únicas variaciones dependen del número y la edad de los hijos a cargo.
El mercado en su lógica centrada en el lucro; no genera igualdad. Debemos reconocer y reclamar la necesaria presencia del Estado y de la sociedad civil en la reparación de las desigualdades sociales. Esta reparación sólo puede ser obtenida a partir de la creación de oportunidades que hagan efectivos los derechos políticos y sociales a través del acceso universal e igualitario a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. La riqueza no se distribuye naturalmente.
Lic. Paula Meschini1. |
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