Responsabilidad social y salud
El aborto clandestino es en nuestro país, como en tantos otros en donde se encuentra penalizado, un grave problema de salud pública, ya que un número importante de muertes maternas se produce por las complicaciones de abortos inseguros. Esta situación por sí sola, independiente de las creencias de todo tipo, exige un posicionamiento que defienda la vida de tantas mujeres que por múltiples circunstancias han tomado -muchas veces dramáticamente- la decisión de abortar.
Autonomía y responsabilidad individual
La penalización del aborto va en contra de este principio, dado que obliga a las mujeres a continuar un embarazo no deseado y a arriesgar su salud, mientras que su despenalización no obliga a las mujeres a abortar en contra de su voluntad. El deseo de tener un hijo o una hija da cuenta de una operatoria psíquica compleja y lleva implícito un vínculo comprometido que habrá de sostenerse de diversas maneras, durante el resto de la vida. Nadie puede estar obligado a hacer algo que considera dañino para sí mismo. Tampoco puede obligarse a ningún profesional de la salud a realizar una práctica que considera contraria a sus principios éticos. Por eso es fundamental que el derecho a la objeción de conciencia esté contemplado en la ley, lo cual no exime a la institución de garantizar el derecho a la realización del aborto a quien lo solicite.
Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal
Las primeras afectadas por la penalización y falta de legalización del aborto son las mujeres de menos recursos, quienes, al no poder acceder a un aborto en condiciones seguras, lo realizan de forma clandestina, ocasionando graves daños a su salud o peor aún, la propia muerte.
Igualdad, justicia y equidad
Las graves consecuencias ocasionadas por los abortos clandestinos evidencian por lo tanto, una doble inequidad: de género y sociales, por la disparidad en el acceso a la realización segura de esta práctica.
No discriminación y no estigmatización
La penalización del aborto, señala, discrimina, culpabiliza a las mujeres que han decidido abortar desde su propia conciencia y muchas veces como consecuencia de un delito (como la violación). Consideramos fundamental encuadrar la despenalización y legalización del aborto en los derechos reproductivos, ya reconocidos en nuestro país a partir de diversas normativas.
Respeto de la diversidad cultural y el pluralismo
Uno de los argumentos más fuertes en contra del aborto se relaciona con la teoría que afirma que el embrión es una persona desde el momento de la concepción. Pero la misma es una teoría entre tantas, provenientes de la filosofía, la teología y la ciencia. Es obligación desde el punto de vista bioético, reconocer y respetar las voces diferentes sin imponer para todos, razones fundadas en creencias de algunos.
Consideramos por lo tanto, que ante semejante complejidad, nos queda un camino ético fundamental: la responsabilidad por el otro, ese otro que en este caso, es la mujer que decide abortar, con su historia, su sufrimiento, sus circunstancias, ese otro que injustamente es juzgado como criminal, por no haber accedido a derechos reconocidos para todos los seres humanos.